miércoles, 14 de diciembre de 2011

La Cámara canaria pide que la custodia compartida sea modelo preferente en los procesos de separación o divorcio

Santa Cruz de Tenerife, Europa Press El Parlamento de Canarias ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) en la que la Cámara insta al Ejecutivo autonómico a que se dirija al Gobierno de la Nación para solicitar que se realicen las modificaciones legales necesarias para que la custodia compartida sea considerada como modelo preferente en los procesos de separación o divorcio, siempre en defensa del interés superior del menor y del derecho de los hijos a disfrutar de una adecuada relación con sus progenitores.
Previamente, fue rechazada una enmienda de los grupos parlamentarios socialista canario y nacionalista que añadía a la petición popular que la Cámara instase a la Comunidad Autónoma a dirigirse al Gobierno de España para analizar las modificaciones legales necesarias en relación a la custodia compartida en los procedimientos de separación y divorcio mediante una ponencia de estudio, priorizando la defensa del interés superior del menor y el derecho de los hijos e hijas a disfrutar de una adecuada relación con sus progenitores, así como hacerlas extensivo a sus abuelos y abuelas.
Víctor Moreno justificó el rechazo de su Grupo a la enmienda de PSC y CC en tanto en cuanto las modificaciones legales que plantea la PNL "están suficientemente claras" y se recogen en "todas las mociones y Proposiciones No de Ley que han sido aprobadas en toda España".
Además, consideró "ridículo" que en la enmienda planteen que "el Gobierno de Canarias se dirija al Gobierno de España para que a su vez se dirija a no se sabe qué o quién para que se constituya una ponencia de estudio". "Basta ya de divagar. Los ciudadanos nos piden que actuemos", recalcó.
En consecuencia, la diputada socialista Rosa Jerez anunció que su grupo presentará próximamente en la Cámara una Proposición No de Ley para que conste la creación de esta ponencia de estudio al entender que es "fundamental" oír a todas las partes que intervienen en la educación del menor (asociaciones de madres y padres, jueces, abogados, trabajadores sociales, etcétera).




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